¿DESPIDO, CESE O DIMISIÓN DE LOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN?

unnamedOcho de la mañana, Antonio abre el taller como todas las mañanas. Es la hora de entrada. Cinco minutos más tarde llega Amancio uno de los operarios del taller en compañía de Margarida su compañera de la oficina. Parecía una mañana cualquiera pero Amancio que lleva el retraso de 1 mes en el cobro de la nómina se dirige airadamente a Antonio y le insulta gravemente, le llama ladrón, que no sabe dirigir la empresa y que se está llevando dinero (lo acusa de corrupto), hijo de su pobre madre, y todos aquellos improperios que se nos ocurran… Antonio enfadado se dirige a la Comisaría de Policía y presenta una denuncia por si los hechos fueran constitutivos de delito. Acto seguido acude a su asesoría y el asesor le informa que por la gravedad de los hechos que le describe, independientemente de que la denuncia en vía penal prospere, los hechos laboralmente son constitutivos de una falta grave prevista en el Estatuto de los Trabajadores, y que puede ser causa de despido inmediato (sin perjuicio claro es de los derechos que asistan al trabajador de reclamar contra ese despido y defender sus derechos judicialmente), pero el caso es que el trabajador ese mismo día sin mayores miramientos es puesto en la calle. Así fue Antonio llega al taller y le entrega a Amancio la carta de despido indicándole que coja sus cosas y se vaya del taller. Esta situación es más habitual de lo que creemos. Alguno puede plantearse ¿a qué viene esta historieta?

dimisionPues viene a aquellos que ejerciendo la actividad política ven injusto que siendo imputados (sobre todo en casos de presunta corrupción) sean apartados en los casos de designación por un superior (equivalente dialécticamente a Antonio el jefe) no reciben más que lo que puede recibir cualquier ciudadano en su puesto de trabajo (claro está el que tenga la suerte de tenerlo). Y en el caso de los concejales, diputados provinciales, diputados autonómicos, diputados nacionales, senadores o eurodiputados ¿qué hacemos? Sinceramente creo que mientras no se legisle de alguna forma, al menos los jefes de esos políticos que somos los votantes, tenemos el derecho (me atrevería incluso la obligación moral) de exigir la dimisión, para que vueltos a la vida civil puedan ejercer sus derechos procesales y constitucionales (derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.) Pues como titulares que somos los ciudadanos de su elección, creo que estamos legitimados al menos para pedir que esos imputados se vayan por una clara transgresión de la buena fe, de la confianza que nuestros representantes deben tener de sus representados.

          Es por todo ello, que toda vez que un político no debe ser diferente del resto de ciudadanos, casta como dicen algunos, los imputados en el momento de serlo deberían dimitir y dedicar sus esfuerzos a ejercer sus derechos de defensa. En estos tiempos de descrédito de la clase política y de máxima preocupación por parte de todos de los crecientes casos de corrupción que afectan a muchas formaciones políticas es tiempo de valentía, de medidas contundentes y de limpiar nuestras instituciones.

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