EL DEBER DE GUARDAR SILENCIO.
Cuando uno se hace militar, como cuando uno se hace juez o fiscal, sabe que aneja a su condición de funcionario público se une la de pertenecer a unos cuerpos en los cuales la discreción y sobre todo el silencio no sólo son necesarios si no me atrevería a decir que son obligados y de estricto cumplimiento. ¿Pero qué sucede cuando ascendiendo en el escalafón se acceden a puestos de significación política? ¿Sigue rigiendo ese principio de la discreción y de silencio?
Parece que sí, aunque no tan claro que alguien que adquiere cierta relevancia política y esta claro que hay puestos que la tienen, como el del jefe del JEMAD, o el del teniente general Mena, o el de los vocales del CGPJ, se vea disminuido en su ejercicio a expresar libremente sus opiniones, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las leyes y por ende que no puedan ser calificadas de delictivas, y en su forma afecten al normal ejercicio de sus cargos.
Pero la lectura intencionada de artículos de las Constitución dependiendo de quien lo haga puede tener una significación u otra, y ahí precisamente reside el límite de la actuación de los militares en el uso de su derecho a expresarse libremente, en que dichas expresiones no pueden significar coacción para la actuación de los poderes públicos políticos, porque en nuestra Nación la soberanía reside en el pueblo español quien constituido en cuerpo electoral elige a sus representantes políticos, a quien concierne, en un primer momento, el ejercicio de la defensa de la Constitución como norma fundamental del Estado, y a quien por tanto corresponde ordenar al resto de “actores”, también por tanto a los ejércitos, su determinada actuación en cada caso.
Tampoco me atrevería a calificar como alguno de los nacionalistas ha pretendido de “golpista” el discurso, más bien diría que el mismo fue inoportuno e intencionado. Inoportuno pues si bien en un principio no se trata mas que de la lectura de un precepto de nuestra Constitución, no corresponde a un alto cargo militar, precisamente por su condición de tal, realizar avisos a navegantes de las consecuencias de algo, que nos puede gustar más o menos, yo no oculto que me disgusta, pero que no debe llevar en este momento a ningún pronunciamiento por los estamentos militares, como tampoco lo harán los jueces o magistrados salvo que sean instados a través de los procedimientos establecidos en la ley para ello, si no que entra dentro del ámbito de lo político, y corresponde pues a las Cortes Generales su negociación, y o en su caso aprobación o rechazo del proyecto.
Y ha sido intencionado pues buscaba la notoriedad que ha tenido, y si no la buscaba se la encontró, y lo ha sido también porque está sirviendo de cortina de humo a las propias negociaciones en torno al estatuto. El gobierno se está escudando mediáticamente en el asunto pues mientras se habla de Mena no se habla de otras cosas. El Sr. Mena parece no era la primera vez que hacía manifestaciones en las cuales recordaba pasajes de nuestra Carta Magna por lo que podía suponer que dicha lectura no supondría consecuencia alguna, pero no contaba con un factor: con un presidente de gobierno en manos de los radicales de ERC, quienes prestos vieron en aquellas manifestaciones intenciones aviesas y quienes presionaron al gobierno en la toma de rápidas medidas que cortasen la situación.
Ahora es el momento de que el gobierno, que nombró a este teniente general en un consejo de ministros, de las oportunas explicaciones y el Parlamento es desde luego el lugar para que el presidente del gobierno se explique y nos explique lo sucedido.
Parece que sí, aunque no tan claro que alguien que adquiere cierta relevancia política y esta claro que hay puestos que la tienen, como el del jefe del JEMAD, o el del teniente general Mena, o el de los vocales del CGPJ, se vea disminuido en su ejercicio a expresar libremente sus opiniones, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las leyes y por ende que no puedan ser calificadas de delictivas, y en su forma afecten al normal ejercicio de sus cargos.
Pero la lectura intencionada de artículos de las Constitución dependiendo de quien lo haga puede tener una significación u otra, y ahí precisamente reside el límite de la actuación de los militares en el uso de su derecho a expresarse libremente, en que dichas expresiones no pueden significar coacción para la actuación de los poderes públicos políticos, porque en nuestra Nación la soberanía reside en el pueblo español quien constituido en cuerpo electoral elige a sus representantes políticos, a quien concierne, en un primer momento, el ejercicio de la defensa de la Constitución como norma fundamental del Estado, y a quien por tanto corresponde ordenar al resto de “actores”, también por tanto a los ejércitos, su determinada actuación en cada caso.
Tampoco me atrevería a calificar como alguno de los nacionalistas ha pretendido de “golpista” el discurso, más bien diría que el mismo fue inoportuno e intencionado. Inoportuno pues si bien en un principio no se trata mas que de la lectura de un precepto de nuestra Constitución, no corresponde a un alto cargo militar, precisamente por su condición de tal, realizar avisos a navegantes de las consecuencias de algo, que nos puede gustar más o menos, yo no oculto que me disgusta, pero que no debe llevar en este momento a ningún pronunciamiento por los estamentos militares, como tampoco lo harán los jueces o magistrados salvo que sean instados a través de los procedimientos establecidos en la ley para ello, si no que entra dentro del ámbito de lo político, y corresponde pues a las Cortes Generales su negociación, y o en su caso aprobación o rechazo del proyecto.
Y ha sido intencionado pues buscaba la notoriedad que ha tenido, y si no la buscaba se la encontró, y lo ha sido también porque está sirviendo de cortina de humo a las propias negociaciones en torno al estatuto. El gobierno se está escudando mediáticamente en el asunto pues mientras se habla de Mena no se habla de otras cosas. El Sr. Mena parece no era la primera vez que hacía manifestaciones en las cuales recordaba pasajes de nuestra Carta Magna por lo que podía suponer que dicha lectura no supondría consecuencia alguna, pero no contaba con un factor: con un presidente de gobierno en manos de los radicales de ERC, quienes prestos vieron en aquellas manifestaciones intenciones aviesas y quienes presionaron al gobierno en la toma de rápidas medidas que cortasen la situación.
Ahora es el momento de que el gobierno, que nombró a este teniente general en un consejo de ministros, de las oportunas explicaciones y el Parlamento es desde luego el lugar para que el presidente del gobierno se explique y nos explique lo sucedido.