Me acabo de despertar, bueno ya me gustaría, pero lo cierto es que después de ver el programa de marras, con el Presidente de pie, y los ciudadanos anónimos al acecho, el sopor aun me dura. ¿A qué contestó? A nada, al menos durante la hora larga que aguante viendo al hombre de pie ante los incisivos ciudadanos. Y de aquello que contestó, intentó llevarlo al mundo económico, quizá para alejarse de los aspectos más problemáticos de su política, abordando confesiones y mostrando que una vez se llega a la Moncloa, ya no se va de cafetería ,y si se va de invitado.

En otro orden de cosas ya falta menos de 2 meses para una importante cita con las urnas, en el caso de Galicia exclusivamente en los municipios, y lo cierto es que parece nos acercamos a una cita más que interesante, que por el lado del bi-gobierno se han tomado como una auténtica reválida de las últimas elecciones autonómicas, y pienso que también de su bi-polarizada acción de gobierno. Que nerviosos se muestran.
Pero lo cierto es que nos estamos jugando quien guíe los destinos de nuestros pueblos y ciudades durante los próximos 4 años, quien gestione de manera más directa nuestro bienestar y desarrollo, y ahí por lo menos en el caso de Vigo la cosa parece más que clara, porque por un lado tenemos al PPGa con una alcaldesa que se está batiendo el cobre todos los días por esta ciudad, que ha transformado Vigo y que tiene proyectos para seguir transformándolo; un PSG-PSOE que se muestra en el escenario como el perro del Hortelano que no sólo está en contra de todo, si no que además se dedica a meter palos en la rueda de desarrollo de esta ciudad y que estoy seguro la ciudadanía sabrá valorar dentro de 58 días; y por último un BNG que ni sube, ni baja, ni pincha, ni corta y que busca ser el segundo de una carrera en la que sabe no puede ser primero. Interesante no, la pena para esta nuestra ciudad es que falten aún 58 días, porque mucho me temo que la Xunta de Galicia, y por ende el PSG y en el BNG van a continuar con su actitud partidista, que creen les beneficia electoralmente, pero estos dos partidos a la única que perjudican, no es a la alcaldesa como igual piensan, si no que perjudican a Vigo, y así los ciudadanos el 27 de mayo se lo demandaremos.

Los beneficios penitenciarios (fundamentalmente, redenciones de penas por el trabajo) aplicados a terroristas durante los anteriores Gobiernos, del PSOE y del PP, venían impuestos por la Ley, en concreto por el Código Penal del año 1973. Dichos beneficios eran de carácter automático y se aplicaban independientemente de la gravedad de las penas o la evolución del preso.
Las excarcelaciones de terroristas por razones humanitarias se han producido en contadísimas ocasiones y siempre por razón de grave enfermedad incurable. Por ejemplo: Miguel Sarasqueta, que sufrió un derrame cerebral; Santiago Díez Uriarte, que tenía cáncer; o Julián López Rojas, que sufrió un proceso tumoral, por el que murió poco tiempo después de salir de la cárcel. Las excarcelaciones, algunas tan polémicas como la de la Mesa Nacional de HB, vinieron dictadas por la Justicia y no por el Gobierno.
¿Qué diferente verdad? Frente a una imposición legal, frente al automatismo de una Ley Orgánica, la voluntariedad, la decisión arbitraria y política del gobierno socialista cediendo a un chantaje (reconocido por el propio Rodríguez Zapatero) de un terrorista que nunca se ha arrepentido de asesinar, y que voluntariamente se pone en huelga de hambre para conseguir doblegar la voluntad democrática del Estado de Derecho.
Mañana a las 20:30 horas debemos de estar todos en las concentraciones que se van a celebrar a lo largo del País, por la libertad y porque no se cedan a más chantajes de los asesinos etarras, y pasado mañana los que puedan a Madrid.

Cuantas lágrimas derramamos los españoles cuando asesinaron vilmente a Miguel Angel Blanco; cuantas lágrimas hemos derramado los españoles cada vez que los viles asesinos etarras segaban una vida y dejaban marcadas por el resto de sus días las de sus familias; cuantas lágrimas han derramado hoy las víctimas del asesino de Juana Chaos cuando se han dado cuenta de la terrible traición del que debe ser Gobierno de todos los españoles.
Estamos en un punto sin retorno, en un momento en que lo que eran simples suposiciones ha adquirido carta de naturaleza, el Gobierno ha cedido al chantaje terrorista, ha sucumbido ante aquellos que han estado aislados socialmente, y ha adoptado una decisión política a la que de ninguna manera estaba obligado. Que no nos hablen de milongas en forma de razones humanitarias, la situación de De Juana Chaos no es la de un enfermo grave o terminal al que cabe aplicar una medida de clemencia, sino la de una persona que voluntariamente se somete a una huelga de hambre para chantajear al Estado de Derecho. Y ya saben lo que se dice, cedido una vez al chantaje, cedido siempre, y ETA y su entorno van a utilizar su particular pica en Flandes como la avanzadilla para sus nuevas metas. ¿Cuál será la próxima? Creo que no cabe duda, que Batasuná acudirá a las elecciones municipales, regresará a las instituciones, y desharemos todo el camino andado con la Ley de Partidos Políticos y con la firmeza del Estado de Derecho.
Y Rodríguez Zapatero irá al Congreso, a llenársele la boca de paz, la misma paz que enterró a dos ciudadanos ecuatorianos, la misma paz que hace que cada día cientos de españoles en Euskadi y fuera de Euskadi vivan atemorizados y con escolta, la misma paz que algunos ultrajan cada día o cada fin de semana con los actos terroristas (callejeros eso si). Estamos en el mes de marzo de 2007, queda teóricamente un año para las próximas elecciones generales, pero no podemos esperar más, debemos con fuerza, determinación y sobre todo pensando en nuestro País, pedir y exigir el adelanto electoral ya.

Visto lo visto en este País en materia urbanística, creo que podemos hablar de una clara situación de crisis, de emergencia nacional, que no entiende de siglas, ni colores, sólo entiende de personas, personas que van a la vida pública a servirse, y no a servir.
La mujer del Cesar además de honrada tiene que parecerlo, y soy un convencido que aunque nos encontremos en un momento en el que los dos grandes partidos PP y PSOE tenemos grandes discrepancias, se hace preciso un gran acuerdo nacional, un gran pacto de Estado contra la corrupción urbanística y contra las grandes irregularidades, un Pacto que debe llevar a una concepción legal del urbanismo. Sólo la seguridad jurídica, la existencia de planes de ordenación urbanística alejados de la especulación política, y reafirmados en la Ley pueden hacer del urbanismo no un motivo de escándalo, si no de progreso, desarrollo y crecimiento económico y social. Dicho pacto debería incluir la no utilización partidista de la fiscalía y de la Justicia cuando nos encontramos ante miembros de los partidos que utilizan su pertenencia a un grupo municipal para su propia especulación personal. ¿Alguien puede pensar seriamente que sólo a 5, o menos, meses antes de unas elecciones municipales es cuando el celo de los fiscales lleva a realizar investigaciones y a solicitar a los jueces de instrucción detenciones? La administración de Justicia debe moverse al margen de la actividad política, porque nuestro Estado de Derecho lo exige, y como decía al principio no nos encontramos, en la mayoría de los casos, ante un problema de siglas políticas si no de personas. No podemos a la luz de la utilización de la jerarquía que guía las actuación de los fiscales, consentir que se lleve adelante el plan del PSOE de hacer desaparecer en la instrucción de los asuntos penales a los jueces de instrucción, para hacer recaer esta fase investigadora en la Fiscalía, menudo peligro ¿no? No debemos bajo ningún concepto tener una Justicia bajo sospecha de actuación partidista, debemos de tener una Justicia independiente, que actúe cuando tiene que actuar, y no cuando convenga al poder político de turno, utilizando la jerarquía para perseguir al delincuente y el delito a conveniencia. Un sociedad moderna, un sociedad que cree como la nuestra en el Estado de Derecho debe perseguir al delincuente y evitar el delito, pero ni los delitos ni los delincuentes deben ser utilizados como programa electoral de una determinada sigla política, yo sólo creo en aquellos que propugnan medidas y que arbitran medios para luchar contra el delito y evitar así la aparición de delincuentes.
Los partidos deben de asumir individualmente en cada formación un compromiso, no ya con la sociedad, si no con ellos mismos, de relegar, de perseguir y de echar a aquellos que de alguna manera transgredan la moralidad y legalidad en las actividades urbanísticas. Las palabras pueden mover a la gente, pero lo verdaderamente efectivo, lo que la arrastra son los hechos y los ejemplos.