El viernes reunido con un grupo de jóvenes del partido popular de Vigo, departíamos amigablemente sobre el tema de moda (desgraciadamente) de la corrupción y la necesidad de apartar de la vida política a los que tengan alguna relación con estos casos. Con juristas de reciente cuño en la sala, inmediatamente surgió la duda de ¿hacer dimitir a alguien por simplemente ser imputado? ¿Qué pasa con el derecho a la presunción de inocencia? ¿Y si te presento una querella, la admiten a trámite a pesar de no tener objeto por el simple hecho de dañarte políticamente?

La verdad es que las preguntas tenían altura jurídica, y darían para debatir a muchos procesalistas sobre el tema. Trate de explicarles que a los políticos se nos debe exigir una ejemplaridad más allá de la cualquier ciudadano normal, porque debemos ser el espejo en el que la sociedad se vea reflejada por representada, y no el vomitorio en que la sociedad reseñe su asco ante determinados comportamientos. Ante la última de las cuestiones, la de la querella interesada para deshacerse de un rival político en un momento dado, puede surgir la “gran duda” de cuál es el momento para que un partido político tome la decisión de pedir u obligar (en los supuestos en que sea posible) que un presunto delincuente deje su actividad. En los casos de un procedimiento ordinario el límite lo veo claro en el momento en que se dicte el auto de procesamiento, pero en el supuesto del procedimiento abreviado, al no existir éste y si la imputación desde un principio (igual con una incipiente investigación judicial) creo sería necesaria alguna reforma para solventar el problema. Se me ocurren (con todos los respetos para los ilustres procesalistas de este país): 1. Que los delitos de prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos en ningún caso sean tramitadas por el Procedimiento Abreviado, y si por el Ordinario y por lo tanto que las dimisiones políticas se produzcan en el momento de dictar el Auto de Procesamiento; o 2. Que se modifique el procedimiento abreviado: en las primeras actuaciones se hable de investigado o similar y solo después de: 1.- la presencia de unos hechos o datos básicos;  2.- que tales hechos sirvan racionalmente de indicios de una conducta, y             3.- que la conducta esté calificada como delictiva. En ese momento después de ello se dictaría el auto de imputación (a similitud del de procesamiento) y sería el momento ad hoc en que los partidos adoptasen una decisión y los políticos imputados o procesados (no solo investigados) dimitiesen o fuesen forzados a hacerlo, en la idea apuntada de que al político se le debe exigir un plus que no tienen por qué tener en otras profesiones y/o actividades.

Propongo pues respecto al tema en cuestión –en la espera de que satisfaga a mis compañeros- un agravamiento de los delitos, de las penas sobre todo de la posibilidad de regresar a la vida política, y sobre todo de extraer de ésta no solo a los condenados sino también a aquellos sospechosos que puedan hacer buena aquella frase atribuida a Julio Cesar y que nos fue trasmitida por Plutarco de que “la mujer del Cesar no debe ser solo honrada sino parecerlo”, y los imputados, procesados y condenados (por supuesto) EXPULSADOS de la política desde donde indico.