Todos conocemos, al menos por la prensa, la opinión y confianza que los españoles tenemos en nuestro sistema judicial, y tras los últimos acontecimientos quizá esa situación haya empeorado aún más.No seré quien valore la decisión judicial en el caso de Otegui, pues la misma depende de muchos factores, uno de los cuales será precisamente el que valoraré a continuación.
La decisión del fiscal del caso, de simplemente solicitar como medida cautelar una ampliación de la fianza que ya tenia depositada el ínclito Otegui, si no fuera por toda la actuación anterior incluso podría haber pasado desadvertida, pero en un justo análisis de todo el proceso seguido, tras las manifestaciones del Fiscal General del Estado alcanza una dimensión difícil de comprender. En principio, antes de que se supiera todo el tema de la tregua etarra el Fiscal General había dado instrucciones al fiscal del caso para que solicitara el ingreso en prisión de Otegui incondicionalmente (a la televisión nos remitimos), para ayer, después de la presunta tregua, no pedirlo (también a los medios nos remitimos), tal y como por otro lado nos lo tenía anunciado el Sr. Conde – Pumpido en una valoración exclusivamente política.
Quiere ello decir que el Sr. Otegui tiene hoy la posibilidad de eludir su permanencia en prisión con el abono de una fianza porque se puso enfermo (presuntamente) y no acudió hace dos semanas a declarar, en cuyo caso hubiera ingresado en prisión, pero como se puso enfermo (no sabemos si imaginario o no) eludirá la prisión amparado por la actuación del ministerio fiscal.
Señala el artículo 124.1 de la Constitución que “El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”…. Prefiero no pensar que ha decaído la defensa del interés público al buscar el interés político de un gobierno en un proceso del que no se sabe demasiado, pero todo apunta en ese sentido, en el de la defensa de los intereses políticos del PSOE. Me gustaría que las asociaciones profesionales de fiscales se pronunciaran y que recordasen que a pesar de su dependencia jerárquica tienen una fundamental misión en la defensa de los intereses públicos.
Sera este magistrado, de hecho, quien decida ahora si ordena diligencias para comprobar el alcance de los movimientos y la autentica vinculacion del hijo del exfiscal general con la trama de fraude fiscal que rastrea el Juzgado numero 4 en torno a los prostibulos. Andreu debera decidir al mismo tiempo si imputa a Conde-Pumpido Varela en el marco de esta investigacion.