DE PERSONAS Y FISCALES

Visto lo visto en este País en materia urbanística, creo que podemos hablar de una clara situación de crisis, de emergencia nacional, que no entiende de siglas, ni colores, sólo entiende de personas, personas que van a la vida pública a servirse, y no a servir.
La mujer del Cesar además de honrada tiene que parecerlo, y soy un convencido que aunque nos encontremos en un momento en el que los dos grandes partidos PP y PSOE tenemos grandes discrepancias, se hace preciso un gran acuerdo nacional, un gran pacto de Estado contra la corrupción urbanística y contra las grandes irregularidades, un Pacto que debe llevar a una concepción legal del urbanismo. Sólo la seguridad jurídica, la existencia de planes de ordenación urbanística alejados de la especulación política, y reafirmados en la Ley pueden hacer del urbanismo no un motivo de escándalo, si no de progreso, desarrollo y crecimiento económico y social. Dicho pacto debería incluir la no utilización partidista de la fiscalía y de la Justicia cuando nos encontramos ante miembros de los partidos que utilizan su pertenencia a un grupo municipal para su propia especulación personal. ¿Alguien puede pensar seriamente que sólo a 5, o menos, meses antes de unas elecciones municipales es cuando el celo de los fiscales lleva a realizar investigaciones y a solicitar a los jueces de instrucción detenciones? La administración de Justicia debe moverse al margen de la actividad política, porque nuestro Estado de Derecho lo exige, y como decía al principio no nos encontramos, en la mayoría de los casos, ante un problema de siglas políticas si no de personas. No podemos a la luz de la utilización de la jerarquía que guía las actuación de los fiscales, consentir que se lleve adelante el plan del PSOE de hacer desaparecer en la instrucción de los asuntos penales a los jueces de instrucción, para hacer recaer esta fase investigadora en la Fiscalía, menudo peligro ¿no? No debemos bajo ningún concepto tener una Justicia bajo sospecha de actuación partidista, debemos de tener una Justicia independiente, que actúe cuando tiene que actuar, y no cuando convenga al poder político de turno, utilizando la jerarquía para perseguir al delincuente y el delito a conveniencia. Un sociedad moderna, un sociedad que cree como la nuestra en el Estado de Derecho debe perseguir al delincuente y evitar el delito, pero ni los delitos ni los delincuentes deben ser utilizados como programa electoral de una determinada sigla política, yo sólo creo en aquellos que propugnan medidas y que arbitran medios para luchar contra el delito y evitar así la aparición de delincuentes.
Los partidos deben de asumir individualmente en cada formación un compromiso, no ya con la sociedad, si no con ellos mismos, de relegar, de perseguir y de echar a aquellos que de alguna manera transgredan la moralidad y legalidad en las actividades urbanísticas. Las palabras pueden mover a la gente, pero lo verdaderamente efectivo, lo que la arrastra son los hechos y los ejemplos.

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