EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL A GARZÓN

Cuando me fui del colegio (no digo la fecha, pero ya llovió) para empezar mi carrera de Derecho, propuse que era necesario que los alumnos conociesen la Constitución Española de 1978, que se conociese el sistema político que nos hemos dado los españoles, incluso con las reformas que se pudieran acometer en cada momento, porque consideraba, y aún lo hago, que sembrar los valores democráticos en nuestros jóvenes, hará que nunca volvamos la vista atrás. Pero enseñar nuestro sistema constitucional y político, no debe ser más que un ejercicio de enseñanza, no de adoctrinamiento. Me alegra, como comprenderéis la reforma que el ministro Wert anuncia de la asignatura educación para la ciudadanía por la educación cívica constitucional, porque conociendo lo que somos, en el contexto de que ya se estudia historia y lo que fuimos por ende, nos hará más fuertes en el futuro, nos hará valorar mejor nuestro sistema democrático y lo que éste representa y nos hará más juiciosos en nuestros planteamientos vitales, más respetuosos con los demás y con nosotros mismos y servirá para conocerse mejor, porque quien no se conoce bien a sí mismo no evoluciona.
Conociendo nuestra Carta Magna nos caeríamos tan fácilmente en manifestaciones que rozan el ridículo o incluso el absurdo como la que estos días se está produciendo ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid por parte de algunos exaltados de la izquierda trasnochada que hace causa política del hecho de que un juez (por conocido que sea éste) sea sometido a la acción de la justicia. ¿Puede ser un juez juzgado? Evidentemente si, los que creemos firmemente en la vigencia constitucional y en los valores democráticos que ésta representa así lo afirmamos: nadie debe quedar al margen de la acción de la justicia, con una Constitución que ya en su artículo 1 señala como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ya señala el artículo 9 que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Ningún juez, ni magistrado, ni político, ni abogado, ni agricultor, ni representante de cualquier estamento puede quedar al margen de los dictados constitucionales, ya tiene el juez en cuestión el “privilegio” de ser juzgado por un tribunal como es el Supremo en el que se encuentran juristas de gran talla, porque no deja de ser un privilegio ser juzgado por la más alta magistratura del país. Ante ese Tribunal ejercerá sus derechos de defensa tan bien reconocidos en el artículo 24, su derecho a la tutela judicial efectiva, a la antedicha defensa a la presunción de inocencia al in dubio pro reo, etc, etc. Es más afirmo que haber llegado a este supuesto, como ha habido otros con anterioridad en que un juez como Garzón sea sometido a la acción de la justicia por denuncias, querellas, y demás actuaciones judiciales, no supone más que un termómetro del buen funcionamiento del sistema democrático, un termómetro de que Alfonso Guerra se equivocó cuando pronuncio la famosa frase de “Montesquieu ha muerto”, porque no lo está porque la división de poderes está ahí, porque nadie es ajeno a la acción de la justicia, y porque los valores constitucionales que representa la Constitución Española de 1978 están más vivos que nunca y me alegra. Ni yo, ni tú, ni Garzón, ni nadie y eso representa la grandeza de la democracia.
Por ello me alegro de que los valores a los aludía antes que señala ya el artículo 1 de la Carta Magna: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y que “ La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” sea conocida en un futuro por mis hijos, porque conocer será saber, saber será querer y queriendo le tenemos ganada la partida al pasado, y la vista sólo puesta en el futuro. Por cierto en mi colegio se estudió la Constitución.

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