SOBRE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Hoy se habla mucho de la reforma de la administración local planteada por el gobierno, las opiniones son muy confrontadas, y a través de la presente reflexión me gustaría fijar mi postura sobre el tema, reflexión que hago desde la perspectiva jurídica y también política.

Mi opinión, a vuelapluma, es negativa. No creo que sea el proyecto que España necesita, no va a suponer tales ahorros, se debilita la administración local pese a ser la más involucrada con el ciudadano, y se fortalecen las decimonónicas diputaciones que los ciudadanos no elegimos directamente en las urnas, hasta el punto de que parece ser que en el caso de que por motivos financieros un ayuntamiento no pueda prestar servicios los asumirá directamente la diputación correspondiente, dejando al alcalde y concejales sin poder ejercitar la labor para la cual fueron elegidos.

Dudo además de la constitucionalidad de lo manifestado en el anteproyecto, toda vez que pienso que quiebra gravemente, por no decir totalmente en primer lugar, con lo dispuesto en el artículo 140 de nuestra Carta Magna “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”. ¿Cómo puede ser autónomo aquel que puede ser despojado de su propia autonomía y entregado a un tercero? ¿Cómo se respeta la Constitución si en algunos supuestos se priva del gobierno y administración a los propios ayuntamientos? ¿Cómo se puede entregar el gobierno a una Diputación saltándose la elección directa de los concejales mediante sufragio igual, libre, directo y secreto, cuando le puedes otorgar tu confianza mayoritaria al partido X y gobernar la diputación el partido Y? La respuesta no me corresponderá a mí, sino al TC de ser recurrida la norma, es sólo una opinión pero como jurista parece que no se acerca la norma en cuestión demasiado a la constitucionalidad.

Por otro lado la propia Carta Magna no prevé para el caso de las Entidades Locales la existencia de un precepto similar al artículo 155 para las Comunidades Autónomas, en el que el Estado en este caso puede adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general del Estado. Como se ve la propia Constitución prevé la posibilidad de, en circunstancias excepcionales, limitar la Autonomía, circunstancia que no prevé en el caso de las Administraciones Locales. Para estas últimas la ley prevé en el artículo 61.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Por eso, estando prevista ya por la Ley la posibilidad de disolución de una corporación local, no se entiende muy bien el que se sustituya la voluntad ciudadana trasladando la gestión del Ayuntamiento a unas entidades como las Diputaciones Provinciales.

¿Hay que reformar la estructura de la administración? Creo que sí, eliminar duplicidades, delimitar competencias y buscar una mayor eficiencia deben de ser los objetivos que nos marquemos en este siglo XXI que ya no está tan ab initio sino caminando en la segunda década. A estas alturas pienso que por importancia, racionalidad y eficacia debemos ir hacia una administración de 3 niveles claramente definidos, y que serían de abajo a arriba: local, autonómica y estatal. La autonomía local es importantísima por ser precisamente la administración más cercana al ciudadano y por ende la primera línea de prestación de servicios. Para respetar esa autonomía se hace necesario trabajar en la fórmula de reparto de competencias y sobre todo de financiación. En segundo lugar las Comunidades Autónomas que, denostadas por muchos, pueden ser elementos eficientes y eficaces, con una clara determinación de sus competencias, y con un sistema más eficaz de financiación. Ejemplos como las CCAA de Navarra y País Vasco con haciendas propias no deben de asustar a la hora de dar una mayor responsabilidad a las autonomías en cuanto a la delimitación de la fiscalidad y la corresponsabilidad en la recaudación, gestión e inspección. Por último la Administración Central del Estado en su fundamental función de control prevista Constitucional y legalmente, como ha quedado de manifiesto con la referencia anterior a las autonomías y administraciones locales.

¿Sobran administraciones, u órganos administrativos mejor dicho? Creo que es evidente, con el mapa que he dibujado con 3 capas tendríamos una Administración Central fuerte, una administración autonómica también fuerte y con responsabilidades, y por últimos tenemos que lograr una administración local fuerte y para ello tenemos que elevar el rango de habitantes de los municipios para crear estructuras más fuertes en las que sea más sencillo prestar servicios y sobre todo abaratar su coste. ¿Se puede conseguir? Por supuesto que sí, con decisiones valientes a través de la fusión de municipios y con un diseño claro en el que participen las Comunidades, con la desaparición por ende de entidades locales menores, de numerosos ayuntamientos que quedarán integrados en otros, y con la desaparición también de las diputaciones provinciales, subdelegaciones y delegaciones del gobierno. En cuanto al Senado tan denostado por todos debe de transformarse en la auténtica Cámara de representación territorial, donde los senadores sean elegidos por las 17 Comunidades Autónomas y la mesa la dirija la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Delimitando sus funciones y teniendo un papel más relevante en la configuración del Estado y en la aprobación de las normas.

En la propia presentación del gobierno en cuanto al coste de los servicios públicos en función del número de habitantes se nos da el siguiente ejemplo: según el propio Ministerio el gasto medio total de los servicios mínimos según tamaño de población pasa de: en municipio de menos de 5.000 habitantes 1.219,98 € mientras que en municipios de más de 100.000 habitantes 445,44 €, es decir casi 3 veces más en municipios de una dimensión pequeña. Pienso que el objetivo debe ser tener municipios de mayor tamaño precisamente para abaratar costes de servicio, y conforme las leyes para prestar más servicios, toda vez que en la Ley de Bases del Régimen Local, la prestación de servicios se administra en función del tamaño de las localidades: a municipios más grandes más servicios, más baratos y eficaces. Para alcanzar este objetivo sólo hay dos caminos: la fusión de municipios para establecer un tamaño mínimo de al menos 20 o 30.000 habitantes, la desaparición de estructuras políticas ineficaces y costosas, o en su defecto por la colaboración de los ayuntamientos mediante áreas metropolitanas o mancomunidades de municipios. Lo más deseable es la fusión desde luego. Lo que no creo bajo ningún concepto es que las Diputaciones –que bajo mi punto de vista deben de desaparecer- deban asumir la gestión, ni servicios de manera indirecta. También deben desaparecer las Entidades Locales Menores que en la estructura administrativa de Ayuntamientos más grandes carecen de sentido, que duplican competencias y suponen una carga para la Administración Local de la que dependen.

Con una fusión de Ayuntamientos ordenada, podremos llegar a aplicar la llamada Ley de Grandes Ciudades y la existencia de concejales de distrito que se encarguen conforme señala la norma del año 2003 de los asuntos de las zonas en que se divida el Ayuntamiento. Se ahorraría en políticos y en estructuras administrativas, a la vez que se aumentaría el número de servicios, el control de los mismos y un descenso de su coste, lo cual al final redunda en beneficio para todo el País.

Por otro lado estoy convencido de que más pronto que tarde estaremos en este panorama porque la sociedad lo demanda, y Europa lo demandará. En resumen desaparición de las Diputaciones Provinciales, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Entidades Locales Menores, redefinición del Senado como auténtica Cámara de Representación Territorial, y caminar en la que se ha conocido como segunda descentralización la de las Comunidades hacia los Ayuntamientos, con una redimensión de los mismos a través del único método posible la fusión de ayuntamientos y la colaboración de los mismos. Conseguida la redefinición del mapa político con los 3 niveles Estatal, Autonómico y Local podremos caminar más firmemente en el reforzamiento de las 3 líneas rojas para una sociedad moderna: Educación, Sanidad y Justicia públicas, universales y baratas para la ciudadanía y con ello conseguiremos lo más importante: reforzar la democracia en España.

 

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