El pasado jueves la Asociación de Antiguos Alumnos de Derecho de la Universidad de Navarra, donde estudié mi licenciatura ha tenido el acierto de organizar en el hotel NH el 4 Foro de Derecho con la participación de una de esas personas que per se merece la pena no solo oír, sino más bien escuchar por lo interesante de sus reflexiones, por la profundidad y apasionamiento de las mismas. Un hombre como el ex Fiscal General del Estado D. Eduardo Torres Dulce que además de apasionado de la Justicia (se nota que la destila por los 4 costados) es un confeso cinéfilo, de esos que se ve le apasiona el arte cinematográfico y que no obvia el momento de referirse a esta que se nota es su auténtica pasión.

          Aunque utilizó el cine como excusa para tratar algunos temas, lo cierto es que fue más que claro hablando de la administración de justicia, y su situación en nuestro País. Claro, tan claro que no hacía falta repreguntarle mucho. Habló de la importancia de la Justicia como uno de los grandes poderes del Estado, cuya importancia nace de la propia Constitución, del pacto social que este supone en la que los ciudadanos entregamos parte de nuestros derechos, a fin de asumir unas obligaciones, y garantizar nuestra convivencia bajo el marco de la Ley de suma importancia en un Estado de Derecho como es el nuestro, en el que la Justicia se muestra inspiradora de uno de los valores superiores de la misma.

          Eso sí, muy preocupantes sus aseveraciones sobre la justicia y la política: ha concluido que a los partidos no les interesa la Justicia, toda vez que cree que no proporciona excesivos votos y que por ello no se adoptan las tan necesarias reformas en materia judicial, y que es un mal que afecta a todos los partidos no a uno en concreto. Quería con ello señalar D. Eduardo que los partidos políticos, aun cuando pueda parecer que no tiene una traducción de votos al menos cuantitativamente, deberían preocuparse de la buena salud de la administración de Justicia por ser ese valor superior. En materia judicial no hay que buscar tanto el rédito electoral como el beneficio de todos.

          Señaló como es necesario adaptarse u homologarse a otros países de nuestro entorno, en los que por ejemplo señaló que muchas veces no es problema de personal, si no de adaptación a los nuevos tiempos, a la sociedad de la información o TICs un capítulo el de las inversiones en que España es muy deficitario. Que debe haber un reequilibrio presupuestario del gasto en personal y las inversiones en la adaptación tecnológica que en muchos países es del 50/50 y aquí no teniendo muchísimo más peso el presupuesto dedicado a personal. Hablo de algo interesante como es que existiese un Plan Nacional de inversión tecnológica en Justicia, que afecte transversalmente a todas las CCAA para que exista una única plataforma informática no 17, lo cual es puro sentido común.

          Se refirió también al anquilosamiento de la estructura de la administración de Justicia basada en el territorio con grandes unidades judiciales pegadas a donde haya masa crítica (que por cierto era lo pretendido tibiamente por la reforma de la LOPJ, pero equivocadamente al unirlo a la capitalidad de las provincias y no a la capitalidad de asuntos judiciales); charló distendidamente sobre aquellas reformas que se ocupan y preocupan de los grandes procesos penales que representan un 3% de los asuntos penales del país (pero claro son los de los grandes procesos de corrupción que tanto preocupan a la ciudadanía) mientras se olvidan los procedimientos abreviados con procesos interminables que podrían resolverse en pocos días y se eternizan meses, años en los juzgados suponiendo un auténtico tapón.

          Y así transcurrió la comida coloquio escuchando y aprendiendo y con el convencimiento de que cuanto mejor esté la Justicia más sano será el Estado de Derecho, y comprendiendo en cierto modo porque dejó la Fiscalía General del Estado. Me reafirmo en algo que he dicho ya hace tiempo: educación, sanidad, justicia y seguridad son los pilares básicos del Estado y debe existir una armonización  y una garantía de igualdad (que no igualitarismo) entre las 17 CCAA y por ende todos los ciudadanos independientemente de donde vivan y ello no implica más que el respeto a la legislación vigente no hay nada nuevo que inventar, y que la Justicia controle con independencia .